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Boletín de noticias 2 de febrero de 2012
EL TIEMPO
JUDICATURA LLAMA LA ATENCIÓN A SANTOS PARA QUE RESPETE FALLO
La declaración se produce después de que el mandatario criticó la sentencia del Palacio de Justicia.
El Presidente de la Sala Administrativa, Néstor Raúl Correa, rechazó el pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos sobre el fallo del Palacio de Justicia y lo calificó como una crítica desobligante con la decisiones judiciales.
Según Correa, el Presidente de la República insinúa que la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó la condena contra el coronel Alfonso Plazas Vega, es una ofensa a terceros "y no lo es, es un fallo que debe ser acatado".
"Se trata de una sentencia de un tribunal de la República que debe ser acatada sin reparos", dijo el magistrado Correa. Y agregó que los jueces en sus decisiones no pretenden ofender a nadie sino que están administrando justicia.
El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior tambièn reiteró su respaldo a los jueces, a sus decisiones y pidió respeto por la independencia de la Rama.
Santos les pide perdón a Betancur y al Ejército
Durante el acto de presentación de la política de gratuidad educativa que realiza en Cali, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre las decisiones de la Justicia en torno al caso de la toma del Palacio de Justicia.
El Jefe de Estado afirmó que "no tiene ningún sentido ni jurídico ni de ninguna naturaleza" el pedido que se hizo para que la Corte Penal Internacional indague sobre la actuación del expresidente Belisario Betancur en ese caso.
"Perdón al presidente Betancur por haberlo puesto en esa situación nuevamente. Desde aquí le digo al presidente Betancur: perdone nuestras ofensas por haberlo nuevamente puesto en esa situación", dijo Santos.
"Y lo mismo le diría a nuestro gran Ejército Nacional, que tanto se ha sacrificado para que nosotros tengamos libertad, para que nosotros podamos mirar el futuro con más esperanza y tener tranquilidad", agregó.
Santos dijo que no comparte que a las Fuerzas Armadas se les ponga "en la picota pública a que pidan perdón" por lo ocurrido en el Palacio de Justicia, como lo ordenó el Tribunal Superior de Bogotá, a comienzos de esta semana, en una decisión en la que también se dispuso la condena del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien comandaba el operativo de retoma.
"Invoquemos a ese Padre Nuestro y sigamos perdonando a los que nos ofenden", puntualizó el Presidente.
'DECLARACIONES DE SANTOS PONEN EN RIESGO VIDA DE MAGISTRADOS': JUEZA
Así lo consideró la presidenta del Observatorio Permanente para la Administración de Justicia.
La jueza Pilar Arango dijo que el Primer Mandatario generó pasiones encontradas y exacerbó los ánimos al pedir perdón por el fallo que ratificó la condena a 30 años del coronel Alfonso Plazas.
"El Presidente no está para salga a interpretar o a calificar los fallos judiciales. Su deber es dar ejemplo y acatar a los jueces", dijo Arango.
"El Observatorio -que aglutina a diversas asociaciones de jueces, magistrados, empleados de la rama, fiscales, defensores públicos, abogados litigantes y facultades de derecho- hace un reclamo vehemente al presidente para que pare la intromisión indebida a la Rama", dijo la representante gremial.
Según la jueza Arango, no es la primera vez que el Ejecutivo intenta interferir con la independencia de la Rama recordando los incidentes entre las cortes y el Jefe de Estado de la pasada administración, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
"No sabemos si el Presidente (Santos) leyó primero el fallo pero lo que si podemos recomendarle es que si tiene algún reparo lo impugne por las vías jurídicas constitucionales".
DISPARATES, OLVIDOS Y VIOLENCIAS
Por: Abdon Espinosa Valderrama
La orden arbitraria del Tribunal Superior de Bogotá al Ejército de pedir perdón por 'los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de l985', a propósito de la retoma militar del Palacio de Justicia.
Por supuesto, la apelación a la Corte Penal Internacional es otro disparate mayor.
Generalmente, lo escandaloso se sobrepone a lo sustancial. Tal la orden arbitraria y descabellada del Tribunal Superior de Bogotá al Ejército de Colombia de pedir perdón en la Plaza de Bolívar por "los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de l985", a propósito de la retoma militar del Palacio de Justicia. Asaltado por un destacamento de milicianos del entonces grupo subversivo M-19, en confabulación criminal con los grandes capos del narcotráfico y con el objeto de destruir los expedientes en su contra, junto a la pretensión de juzgar y destituir al Gobierno legítimo.
Ante semejante extravagante caso, nos preguntamos en qué país y en qué época vivimos. Una humillante e institucional presentación de excusas de este género solo parece tener antecedente en la que en 1876 debió presentar la patria colombiana al Imperio Alemán con motivo de la muerte de ciudadanos suyos en los sangrientos disturbios ocurridos en Bucaramanga contra comerciantes extranjeros por instigación de la asociación popular 'Culebra Pico de Oro'.
La incorporación del M-19 a la institucionalidad democrática y la reconciliación con la masa de la población colombiana no debe inducir a cohonestar los desafueros y delitos cometidos en su nombre, entre ellos la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia, a pocas cuadras del Palacio Presidencial. Tampoco a revivir la discordia, anatematizando ahora a la Fuerza Pública, sin perjuicio de mantener a los sediciosos arrepentidos un manto de perdón y olvido.
Menos cuando en virtud de tal reconciliación y del acatamiento a la legalidad democrática, dos antiguos militantes de ese movimiento revolucionario ejercen autoridad y mando, precisamente en el costado occidental de esa misma Plaza de Bolívar: el uno como alcalde mayor, Gustavo Petro, elegido en comicios intachables, y el otro, Antonio Navarro Wolff, como secretario de Gobierno, ambos partícipes en la expedición de la Constitución de 1991. La que, por cierto, privilegió la formación de movimientos políticos, con desmedro y en reemplazo de los partidos históricos.
Los ecos del cruento asalto por un comando del M-1 9 al anterior Palacio de Justicia todavía resuenan en los oídos de cuantos en aquella época convulsionada vivíamos. La voz implorante y conmovedora del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Reyes Echandía, en nombre propio y de sus compañeros, quienes estoicamente se sentían prontos al sacrificio y en su angustia patriótica clamaban por una luz que salvara sus vidas, sin detrimento de las instituciones constitucionales, una de las cuales encarnaban con dignidad y abnegación.
Siempre ha habido la curiosidad y el interés de conocer exactamente las circunstancias y razones que indujeron a poner oídos sordos a sus angustiadas demandas. Por supuesto, la apelación a la Corte Penal Internacional es otro disparate mayor. Respecto de la condena del general Plazas Vega, será nuestra Corte Suprema de Justicia la que diga la última palabra, dado el litigio sobre su actuación y suerte.
Estas cosas de un pretérito más bien lejano contrastan con las violencias que, también en asocio del narcotráfico, azotan todavía al país, se asientan en el norte y el occidente, por donde pasan las rutas del comercio de narcóticos, y se incrustan en ciudades populosas como Medellín y Cali.
En ellas, cuadrillas de malhechores se disputan el terreno, establecen contribuciones pecuniarias a determinadas actividades y protagonizan o atizan la delincuencia callejera. Es la actualidad apremiante a la cual le corresponde a la nación prestar atención prioritaria. Lo mismo al robo impune de tierras, públicas y privadas, como se está haciendo.
SIGUE POLÉMICA POR CONDENA A PLAZAS VEGA
Hasta el pasado lunes, el abogado cartagenero Fernando Pareja Reinemer, con 25 años de ejercicio en el derecho, gozaba de enorme prestigio no sólo por su gestión como vicefiscal entre 2009 y 2010, sino por sus ejecutorias en la Procuraduría, la Personería de Bogotá y otros cargos del Poder Judicial. Hoy, por cuenta de su sentencia que confirmó la condena a 30 años de prisión para el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, está en el ojo del huracán político.
El Poder Ejecutivo, parte del Judicial, el estamento militar, algunos congresistas, la Procuraduría y, por supuesto, muchos generadores de opinión, llevan 72 horas formulando todo tipo de comentarios adversos a la decisión judicial del magistrado Pareja, quien fue apoyado por su colega Alberto Poveda. En contraste, los defensores del fallo argumentan que la lluvia de críticas en su mayoría surge de personas que no conocen el caso o no se han leído la sentencia de 968 páginas, incluido el salvamento de voto del magistrado Hermens Lara.
Lo cierto es que el revuelo dio este miércoles para una especie del carrusel de peticiones de perdón. Inicialmente, a la solicitud del Tribunal Superior de Bogotá de que el Ejército les pida perdón a las víctimas por las desapariciones en el Palacio de Justicia, respondió el presidente Juan Manuel Santos argumentando que a quien se le debe pedir perdón es al Ejército, porque el país no ha sido lo suficientemente enfático para demostrarle respeto y gratitud. De paso, también le pidió perdón a Betancur por la solicitud del Tribunal de que sea investigado por la Corte Penal Internacional.
A su vez, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, planteó una fórmula genérica: que todos pidan perdón: el Ejército, el Gobierno y el M-19. Del otro lado de la controversia, los abogados de las víctimas del Palacio de Justicia se limitaron a comentar que no le hace bien al país que sus altos funcionarios decidan asumir la defensa de oficio de personas que están procesadas por la ejecución de crímenes contra la humanidad. Una clara crítica a las reiteradas intervenciones del Gobierno en este espinoso asunto.
Lo cierto es que, más allá de la polémica y las interpretaciones políticas y jurídicas, es en el terreno del Poder Judicial donde se tendrá que digerir la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. En primer término, porque Plazas fue condenado por la desaparición de dos de las 11 personas que estaban en el interior del Palacio de Justicia, el día de los hechos.
La otra implicación que no se ha mirado en detalle es que la sentencia ordena que todos los integrantes del Consejo de Ministros den sus explicaciones a la justicia sobre lo que sucedió en la Casa de Nariño para que se tomaran las decisiones militares. De la misma manera, el fallo plantea que se investigue cómo murió el comandante del operativo del M-19 Andrés Almarales, pues todo indica que tanto él como otros guerrilleros, así como varios rehenes, habrían muerto por tiros a quemarropa. Así como ya existe el caso del magistrado Carlos Horacio Urán, hoy en averiguaciones.
Aunque la decisión argumenta las razones por las cuales se insiste en la investigación del expresidente Betancur, El Espectador supo que ante la reiterada crítica de que la Corte Penal Internacional no tiene competencia para examinar un caso ocurrido en 1985, el argumento del Tribunal Superior de Bogotá está sustentado en la misma razón que permitió la reapertura del expediente del Palacio: que por tratarse de un delito de desaparición forzada, hasta tanto se sepa qué pasó con ellos, es obligación de la justicia nacional e internacional seguir indagando.
Fuentes allegadas al Tribunal Superior de Bogotá comentaron que para tranquilidad del país todos los colombianos deberían leer la sentencia y advertir, por ejemplo, la forma como se alteró totalmente la escena de los hechos después de los combates del 6 y 7 de noviembre de 1985, y los errores en que se incurrió respecto al levantamiento e identificación de los cadáveres. “Hay situaciones tan inusuales como dos cuerpos que quedaron relacionados como uno solo o el cadáver de un magistrado que realmente correspondía a los despojos mortales de una mujer”, observó la fuente consultada.
Por lo pronto, mientras cesa la tempestad de la controversia política, el magistrado Fernando Pareja se limitó a comentar que obró en derecho y a conciencia, y que después de leer 54 mil folios y de muchas horas de ver videos y escuchar audios, su convicción lo lleva a plantear por anticipado que si llega a recibir algún otro de los procesos que se han abierto por los desaparecidos del Palacio de Justicia se declarará impedido, pues sus conclusiones sobre el tema son las expuestas en la sentencia que se conoció en la tarde del pasado 30 de enero.
La trayectoria de Fernando Pareja
El abogado Fernando Pareja Reinemer es hijo de uno de los más brillantes juristas de Cartagena, Rafael Pareja Jiménez, y durante muchos años juez de la capital de Bolívar. A mediados de los años 80, justo en tiempos en los que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, Pareja se graduó como abogado y ofició como notificador de un juzgado. Luego se especializó en Bogotá y hacia 1990 pasó por el Ministerio Público, se aventuró al mundo del litigio, de nuevo a la Personería, y de allí saltó al Tribunal de Bogotá. Por casi un año fue también vicefiscal. En ese cargo fue la segunda instancia de los casos de parapolítica, revivió un expediente contra el exvicepresidente Francisco Santos y acusó al exministro Sabas Pretelt por el escándalo de la yidispolítica.
PETRO PROPONE ACTO PÚBLICO DE PERDÓN POR MASACRE DEL PALACIO DE JUSTICIA
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro propuso el miércoles realizar un acto público conjunto de solicitud de perdón por la masacre ocurrida en 1985 en la toma del Palacio de Justicia, en medio de una polémica por la condena en ese caso a un coronel.
"No soy quién para calificar la decisión del tribunal", dijo Petro a la prensa, "pero me parece importante que el expresidente Belisario Betancur, las fuerzas militares y quienes sobrevivimos el conflicto del siglo XX como militantes que fuimos del M-19 podamos hacer un acto de solicitud de perdón a la sociedad".
"Los hechos del Palacio de Justicia salieron mal para la organización que lo tomó y para el Estado que lo retomó. Desde cualquier punto de vista ese episodio es totalmente negativo en la historia de Colombia", agregó el alcalde.
Las declaraciones de Petro ocurren en medio de una polémica por la condena a 30 años de cárcel por desaparición forzada al coronel retirado Alfonso Plazas, uno de los responsables de la operación militar que recuperó las instalaciones del Palacio de Juticia, que había sido tomado por un grupo de la guerrilla nacionalista Movimiento 19 de Abril (M-19).
La decisión del tribunal incluyó también una petición a la Corte Penal Internacional para que investigue la eventual responsabilidad de Betancur, quien era presidente en la época, y ordenó a las Fuerzas Armadas hacer una solicitud de perdón.
El presidente Juan Manuel Santos salió al paso de esa sentencia este miércoles y defendió tanto a Betancur como a las fuerzas militares.
"No podemos permanecer silenciosos frente a un fallo que pide que al presidente Betancur, que ya va a cumplir 90 años de una vida de servicio público, una Corte Internacional lo juzgue por el Palacio de Justicia. Eso no tiene ningún sentido jurídico de ninguna naturaleza", dijo.
"Más bien le pido perdón al presidente Betancur a nombre de los colombianos, de que lo hayan puesto en esa situación nuevamente", agregó.
El mandatario criticó también que se le exija a las fuerzas armadas pedir perdón. "Más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración, el respeto, la admiración que le tenemos", señaló.
En la toma y recuperación del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, hubo un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados, y 11 personas fueron desaparecidas. El edificio quedó en ruinas por el incendio que se desató y los disparos de los blindados que ingresaron.
La guerrilla M-19 se pacificó en 1990 y se benefició de una amnistía.
JUDICATURA RECHAZÓ CRÍTICAS DE SANTOS SOBRE FALLO CONTRA PLAZAS
La Sala Administrativa del alto tribunal llamó la atención sobre el respeto que deben tener los fallos judiciales.
Mediante un comunicado, el presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa rechazó de manera tajante las críticas presentadas por el presidente de la República Juan Manuel Santos sobre el fallo emitido el pasado lunes en el que se ratificó la condena de 30 años de cárcel contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia.
“Rechaza las críticas que el presidente de la República, Juan Manuel Santos formuló contra el fallo del Palacio de Justicia”, precisa el comunicado en el que se llama la atención sobre el respeto que deben tener las decisiones jurídicas por parte de todas las personas.
Se agrega además que la sentencia fue emitida por un “Tribunal de la República y debe ser acatada sin reparos”, solicitando que se respeten los fallos judiciales.
“Los jueces no pretender ofender a nadie sino que aspiran a administrar justicia”, aclara el alto tribunal.
En la mañana de este miércoles, el presidente de la República presentó serias críticas al fallo judicial emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, principalmente sobre las consideraciones de pedir perdón por parte de las Fuerzas Militares.
"No tiene ningún sentido ni jurídico ni de ninguna naturaleza" el pedido que se hizo para que la Corte Penal Internacional indague sobre la actuación del expresidente Belisario Betancur en ese caso.
CONSERVADORES LE RECUERDAN A TRIBUNAL DE BOGOTÁ QUE "QUIEN ASALTÓ EL PALACIO DE JUSTICIA FUE EL M-19"
El Partido Conservador fue más contundente este miércoles en su defensa al expresidente Belisario Betancur, por el polémico fallo en su contra por la Retoma del Palacio de Justicia.
Esa colectividad le recordó al Tribunal Superior de Bogotá que quien "asaltó" el Palacio de Justicia fue el M-19 y no el gobierno de Betancur.
"Hay que determinar quiénes son los responsables y no se puede presumir que son las Fuerzas Militares", dijo el presidente 'azul', senador Efraín Cepeda Sarabia.
Además, los conservadores insisten en que la Corte Penal Internacional opera cuando hay ausencia de la justicia. "Aquí se ha tenido justicia, siguen dándose procesos y el expresidente ha acudido puntualmente a todas las citaciones", recordó.
De otro lado, Cepeda defendió la independencia y soberanía de la justicia colombiana: "aquí está en juego la estabilidad de la Patria, la defensa frente a los grupos armados y no creo que esto dé a lugar a una investigación internacional".
"Si se pregunta a los colombianos pues todos estamos tranquilos frente a la actuación del expresidente Betancur", agregó.
El lunes en la noche el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo condenatorio en contra del coronel Alfonso Plazas Vega.
En la sentencia se pidió a la Corte Penal Internacional abrir un proceso al expresidente Betancur por su actuación frente a la retoma.
A tal punto ha llegado la polémica que el presidente Juan Manuel Santos intervino este miércoles pidiendo "perdón" al exmandatario.
“No podemos permanecer silenciosos frente a un fallo que pide que al Presidente Betancur, quien ya va a cumplir 90 años de servirle al país, 90 años de defender la cultura, 90 años de promover las letras, 90 años de una vida de servicio público, que a estas alturas pidan que una corte internacional lo juzgue por el Palacio de Justicia. Eso no tiene ningún sentido jurídico y de ninguna naturaleza”, expresó.
“Por eso más bien le pido perdón al Presidente Betancur, a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”, puntualizó.
CONSEJO SUPERIOR TERMINARÍA DEFINIENDO QUIÉN LO JUZGARÁ POR 'CARRUSEL DE PENSIONES'
Hay una disyuntiva frente a quién debe investigar el posible detrimento patrimonial.
Aún es incierto en manos de quién debe estar realmente el proceso que se lleva en contra de 22 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, implicados en el 'carrusel de pensiones' de ese organismo de justicia.
Aunque la semana pasada la contralora General Sandra Morelli abrió un juicio de responsabilidad fiscal por el posible detrimento en ese escándalo, hay quienes consideran que quien realmente debe investigar a los magistrados es la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
El presidente de la comisión, Germán Blanco Álvarez, dijo que “nosotros creemos que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura constitucionalmente deben ser investigados por la comisión de Acusaciones y lo deben ser por presuntas irregularidades de carácter disciplinario o penal”.
Sin embargo, admitió que hay una disyuntiva y la normatividad no es clara cuando se trata de alguna responsabilidad fiscal, cuando la indagación es contra aforados.
Por eso, el mismo Blanco confirmó que la competencia se resuelve a través de los conceptos que emita el mismo Consejo Superior de la Judicatura.
Y aunque pueden nombrar conjueces para no terminar siendo ‘juez y parte’ a la vez, los magistrados sí podrían influenciar directamente en la elección de quien defina quien los investigará.
Es bueno recordar que por algunas publicaciones y ante algunas varias denuncias, en la Cámara se inició la investigación sobre el ‘carrusel de las pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura desde mediados de 2011. Sin embargo, de momento se desconoce de cualquier desarrollo alrededor de la investigación que está en manos del representante Héctor Javier Vergara.
El escándalo de las pensiones del Consejo Superior
La Contraloría General de la República abriójuicio de responsabilidad fiscal a los magistrados por el posible detrimento patrimonial de 13 mil millones de pesos por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.
Según el ente de control, los altos funcionarios nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación, la Contraloría intentará establecer por qué a varios de los pensionados, quienes recibían 4 millones se les aumentó el pago a 13 millones de pesos.
Además, llama la atención los pagos retroactivos que se efectuaron y los casos en los que los magistrados designados, quienes llevban pocos días de labor recibieron pensiones demasiado altas.
Entre los investigados se encuentran el actual gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, Ovidio Claros y José Alfredo Escobar entre otros.
DESAPARICIÓN FORZADA: DELITO CONTINUADO
Por: Rodolfo Arango
Nicolás Chapman Blake fue desaparecido forzosamente en marzo de 1985.
Su desaparición se prolongó hasta junio de 1992, cuando se encontraron sus restos. Demandada por estos hechos, Guatemala opuso como excepción previa que el delito había ocurrido antes de su reconocimiento, en marzo de 1987, de la competencia de la Corte Interamericana. En sentencia de junio 2 de 1996, la Corte desechó los argumentos de Guatemala; basó su decisión en que se trataba de una desaparición forzada, conducta definida a nivel nacional e internacional como un “delito continuado”. Este precedente ha sido reiterado consistentemente en otros casos fallados por la misma Corte.
Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia C-871 de 2003, dejó en claro que el principio que prohíbe el doble juzgamiento en materia penal puede tener limitaciones. Sostuvo la Corte que “el principio constitucional del non bis in ídem no tiene carácter absoluto, ya que tanto desde la perspectiva del derecho interno como del internacional existen motivos de orden superior que justifican su limitación, bien cuando se trate de defender intereses de inapreciable valor para la sociedad, como los derechos de los procesados, o bien cuando se persiga amparar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario”.
Los dos anteriores precedentes vienen a mi mente al observar cómo el “oportuno” Gobierno Nacional, en la figura de su vicepresidente, se rasga las vestiduras al conocer sobre la solicitud que el Tribunal Superior de Bogotá, en su sentencia confirmatoria de la condena al coronel (r) Plazas Vega, eleva a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue la posible responsabilidad del expresidente Belisario Betancur por las desapariciones forzadas de varias personas a partir de la toma y remota del Palacio de Justicia en 1985. Los argumentos esgrimidos por el Gobierno para ridiculizar a la justicia penal, vistas detenidamente las cosas, se vuelven en su contra. La vigencia del Tratado de Roma en Colombia a partir de 2002 en nada se opone al conocimiento del delito de desaparición forzada, delito de lesa humanidad, que aún hoy vulnera multiplicidad de derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares. La jurisprudencia de la Corte Interamericana no deja lugar a dudas sobre la competencia internacional para conocer de las desapariciones forzadas aún no resueltas. Una interpretación contraria defiende principios importantes pero inferiores a los derechos humanos de los dolientes, como son la soberanía nacional y la cosa juzgada. El nacionalismo no debe primar sobre el derecho a la verdad. El amor a la patria no está por encima del dolor y de la incertidumbre de las víctimas.
Es altamente improbable que la CPI decida procesar y juzgar al expresidente Betancur. Se trata de una decisión política de gran envergadura. Pero discutir la posibilidad de hacerlo es fundamental en la lucha contra la impunidad, más aún cuando el delito de desaparición forzada, iniciado en noviembre de 1985, continúa su curso gracias a la incapacidad institucional o la falta de voluntad del Estado para impedirlo. Suena paradójico defender las decisiones de la Comisión de Acusación (¿Absolución?), cuando a iniciativa del Gobierno se tramita una reforma constitucional que busca superar la ineficacia de los procedimientos y organismos existentes para procesar y juzgar a altos mandatarios.
LA JUSTICIA AL DESNUDO
Por: Uriel Ortiz Soto
Un nuevo escándalo de incalculables consecuencias para las instituciones democráticas, con grave afectación en la administración de justica, ha propiciado la valerosa Contralora General de la Nación, doctora Sandra Morelli, con la denuncia que acaba de hacer sobre el carrusel de las pensiones en las Altas Cortes.
Los ciudadanos de bien esperamos ansiosos que esta investigación arroje resultados en el menor tiempo posible, puesto que nos encontramos al borde del abismo, por culpa de unos cuantos magistrados y Jueces deshonestos, incrustados en las Altas Cortes, Tribunales Superiores y demás organismos encargados de administrar Justicia, “honesta, pronta y cumplida” tal cual lo ordena la Constitución Política.
¿Dónde queda la majestad de la Justicia con semejante escándalo? ¿Los honorables magistrados que dicen ser honestos, porqué no denunciaron a tiempo las artimañas de sus colegas y compañeros? Es hasta vergonzoso tener que decirlo, pero, en el Palacio de las Leyes, también se peca por acción y por omisión. Está muy bien que ocurra en otras instancias, pero no en las máximas jerarquías de su administración, que deben dar ejemplo de pulcritud y mayor conocimiento sobre las Normas que regulan nuestro Estado de Derecho.
No es exagerado decir que la Justicia en nuestro País, se encuentra más que al garete, al desnudo, porque tiene que acudir a la hoja de parra para cubrir sus intimidades, de carruseles, chanchullos, peculados y negociados, que tiene con los pelos de punta a más de un compatriota trabajador y honesto, que madruga todos los días a hacer Patria, con el desarrollo de sus actividades empresariales y laborales. Es algo tan vergonzoso jamás visto en la historia jurídica de nuestro País, que bien vale la pena se investigue hasta sus últimas consecuencias, sin dejar que se desvíe como pretende hacerlo la tan cuestionada Comisión de Acusación del Congreso de la República. Donde esto ocurra nada pasa y todo regresará a los anaqueles polvorientos de la corrupción, perdiéndose la oportunidad de depurarla de las artimañas y argucias de sus propios Administradores.
Lo que se rumoraba desde hace algunos años, resultó ser cierto. El carrusel de pensiones en las Altas Cortes, es algo tan escandaloso que varios magistrados auxiliares con solo dos meses en sus cargos lograron pensiones de quince o más millones de pesos, pero, vayamos mas allá de las pensiones y miremos lo que le ha costado al contribuyente los 172 viajes al exterior de los “honorables magistrados” en los últimos dos años, se habla de trece mil millones de pesos, ¿Cuántos de estos viajes necesarios? ¿Cuántos se realizaron por el simple placer de ser magistrados, acompañados muchas veces de sus “adorables queridas”?
¿Si esta es la cúspide cómo estarán sus cimientos? Hablamos de los Tribunales Superiores, Juzgados del Circuito y todas las demás estructuras de orden jurídico que administran justicia “en nombre la República de Colombia y por Autoridad de la Ley” en todo el Territorio Nacional. Desde luego hay que hacer la salvedad, para anotar, que hay administradores de Justicia, honestos y probos, fieles al complimiento de sus deberes constitucionales y morales.
Ahora sí, el País empezará a entender el porqué las Altas Cortes,- Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, se retiraron en el mes de diciembre pasado del debate del Acto Legislativo de Reforma a la Justicia. Todo indica que el Congreso y el Gobierno, son conscientes, que disfrutan de una serie de prebendas, unas injustas y otras innecesarias, que es preciso revisar. Por eso en el mes marzo cuando se reinicien las sesiones ordinarias y se aborde de nuevo el tema, con todo lo que se ha descubierto en los últimos meses, vale la pena que se amplíe el debate, en lo que sea posible se convoque a una audiencia pública con el fin de escuchar a los expertos en materia de reforma. Considero que las universidades y demás centros de formación académica no deben estar ausentes de tema tan fundamental para el presente y futuro del País.
Nuestra Justicia se encuentra maltrecha y mal herida, hay que meterla a cuidados intensivos para procurar extirparle los tumores de corrupción que padece, antes que sea demasiado tarde y se vuelvan cancerosos. Caso contrario vendrán tiempos difíciles para el País. La delincuencia organizada especialmente de cuello blanco incrustadas en las altas esferas del Estado, se fortalecerán, todos los grupos al margen de la Ley continuarán delinquiendo, puesto que, en las condiciones en que nos encontramos no hay autoridad moral para administrarla con dignidad y probidad, pronta y cumplida.
EL NUEVO SIGLO
A DISCUSIÓN REFORMA JUDICIAL POR LA CORTE SUPREMA
Tras cerca de dos meses de haberse levantado de la mesa de discusión de la reforma constitucional a la Justicia, ayer la Corte Suprema, por intermedio de su nuevo presidente Javier Zapata Ortiz, anunció la disposición de aceptar la invitación del Gobierno nacional de reintegrarse a este diálogo.
Zapata, quien apenas el martes anterior fue elegido presidente por la Sala Plena, dijo que los diferentes entes del Estado deben trabajar de la mano, por lo que en ese sentido señaló que “la aceptaremos”.
Por su parte, tras su posesión como presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez dijo que “en este momento estamos en esa encrucijada y vamos a ver en este año cuáles son las estrategias que el Consejo de Estado va a asumir frente a ese trámite parlamentario”,
En tanto que ayer el presidente Santos en su cuenta en Twitter escribió: “Llamamos para felicitarlos y desearles éxito en su gestión a los recién elegidos presidentes de la Corte Suprema y Consejo de Estado”.
El 23 de noviembre pasado el Consejo de Estado se retiró de la discusión de la reforma argumentando que “el texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la Justicia, así como la descongestión de los despachos judiciales, la garantías del derechos constitucional de acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y un orden justo”, explicó en ese momento el magistrado Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado.
Posteriormente, el 6 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia siguió igual camino al considerar que los cambios en el proyecto en sus tres primeros debates, frente a lo concertado con las Cortes, afectan el equilibrio de la rama y no solucionan la congestión judicial.
Cuatro días antes la Comisión Primera de Cámara había aprobado una modificación al articulado con referencia a lo aprobado en segundo debate, sobre la doble instancia en el juzgamiento de congresistas, al establecer que la primera instancia estaría a cargo del Tribunal Superior de Bogotá y no de la Corte Suprema de Justicia.
La intención inicial del Gobierno era presentar este proyecto al Congreso en septiembre de 2010, pero luego decidió que fuera en marzo último, situación que tampoco se dio a la espera de discutirlo a fondo con las Cortes.
Finalmente el 31 de agosto pasado el Gobierno radicó en Senado un proyecto de reforma concertado con las altas Cortes.
En medio del receso del Congreso, que inició el pasado 16 de diciembre y concluirá el próximo 16 de marzo, senadores de la Comisión Primera, célula en la cual se reiniciará en quinto debate el estudio de este proyecto, se reunieron con los presidentes de las Cortes, buscando propiciar un clima favorable para que retornen a la discusión de esta iniciativa.
Así lo confirmo a EL NUEVO SIGLO hace unos días el senador Eduardo Enríquez Maya, quien será ponente del proyecto en quinto debate. “Estuvimos trabajando con el doctor Jesús Ignacio García (Partido Liberal), que es otro coordinador ponente, y acercándonos, como es nuestro deber, a los señores presidentes de las altas Cortes, y lo propio el Gobierno, porque el Congreso de la República tiene abiertas sus puertas para impulsar la reforma constitucional de la administración de justicia, y lograr el consenso para que a través de ese consenso, haya seguridad, entendimiento y se pueda enviar un mensaje a la sociedad que espera con mucha urgencia una reforma a la administración de justicia”.
Antecedente
El anuncio del nuevo presidente de la Corte Suprema de que hay disposición de regresar al diálogo se produce unos días después de que el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos señalara que “las investigaciones de la Fiscalía han comprobado que altos funcionarios del gobierno anterior estaban seriamentecomprometidos con una campaña de desprestigio y desacreditación en contra de la Corte (...), pero ahora los dignatarios ya no utilizan las herramientas del delito, sino que emprendieron una campaña jurídica a través de reformas constitucionales para desmantelar a la Justicia y, particularmente, a la Corte”.
A lo que el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra respondió que la reforma no pretende acabar con la Corte. “No es cierta la apreciación de que se quiera acabar la justicia, eso no lo haría el Gobierno por ningún motivo”, dijo.
CORTES BUSCAN VOLVER AL DEBATE DE LA REFORMA A LA JUSTICIA
Bajo ciertas condiciones los designados presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado regresarían al debate de la reforma a la justicia. ¿Cuáles son?
La designación de los presidentes de las Altas Cortes puso de nuevo sobre la mesa la necesidad de que en el debate de la reforma a la justicia participen los altos jueces, quienes se marginaron del proceso en el Congreso argumentando falta de garantías.
Esa posición de finales del 2011, que era considerada ‘inamovible’, se podría reevaluar pues, para los magistrados, la reforma a la justicia no puede quedar en manos de dos de los tres poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
Recien posesionados, algunos de los presidentes en las salas de las Altas Cortes han dado a conocer lo que esperan del debate en el Congreso que se podría iniciar en marzo.
Gustavo Gómez, el nuevo presidente del Consejo de Estado, aseguró que la reforma a la justicia es un debate técnico, por lo que no puede quedar sustraída de la discusión de la justicia.
“En este momento estamos en esa encrucijada y vamos a ver en este año cuáles son las estrategias que el Consejo de Estado va a asumir frente a ese trámite parlamentario”, dijo Gómez. En el Alto Tribunal se espera que el tema se debata de nuevo en el pleno. “Esos aspectos son parte de las decisiones que toma la corporación como colegiatura”.
Por su parte, Javier Zapata, presidente de la Corte Suprema, le apunta a articular el debate argumentativo de los tres poderes. "Que no nos aterren los argumentos dialécticamente opuestos en la reforma", aseveró. Él no descarta tener un acercamiento con el Gobierno para analizar el tema.
Por los lados sala penal de la Corte Suprema el nuevo presidente, José Leonidas Bustos, pone una condición para regresar al debate, y es que sea el propio presidente, Juan Manuel Santos, quien asuma la interlocución. “Creemos que no se debe cerrar la puerta para un franco diálogo”.
Otra de las condiciones es que se haga un diagnóstico de cómo marcha la justicia en el país, sobre todo la de los jueces que examinan y deciden sobre casos de los ciudadanos del común.
Reformular el acto legislativo es clave, pues para el magistrado podría haber ‘retaliación’ o una ‘revancha’ de parte de los congresistas por el juzgamiento en los casos de parapolítica.
Salvavidas
Tal vez la ponencia radicada el 12 de diciembre por el representante liberal Guillermo Rivera, que busca “mejorar” el texto de reforma a la justicia, haya contribuido a que los magistrados analicen un eventual cambio de posición.
Entre los aspectos a revisar están la elección del registrador nacional del Estado Civil, la del contralor general de la República y la del procurador general de la Nación. La idea de Rivera es que se mantenga vigente lo dispuesto por la Constitución de 1991. Es decir, que las Cortes mantengan su papel nominador en esos cargos.
Otra cuestión que no ajusta en las Altas Cortes es la posibilidad de que particulares tengan funciones jurisdiccionales. En la propuesta matizada de Rivera esto sólo se haría en casos especiales.
Así las cosas, habrá que esperar que arranque el debate en el Congreso para ver si los tres poderes públicos pueden sacar la reforma adelante, sobre todo cuando faltan cuatro debates, es decir, la mitad de la discusión en el Congreso.
CARACOL RADIO
SEA QUIEN SEA EL QUE CRITIQUE UN FALLO JUDICIAL PERJUDICA LA SALUD NACIONAL: CONSEJO DE ESTADO
El nuevo presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, dijo que todos los ciudadanos de una Nación frente a las determinaciones de los jueces, deben observar pleno acatamiento y prudencia porque cuando se utilizan los medios de comunicación o los eventos públicos para alabar o improbar determinaciones judiciales, se pone en riesgo el bien jurídico de lo juzgado.
Así respondió el magistrado a las críticas que hizo el presidente Juan Manuel Santos a la sentencia condenatoria de 30 años de cárcel al coronel (r) Alfonso Plazas Vega.
“En esa dimensión, sea quien sea el que alabe o critique una determinación judicial sin conocer todas las complejidades, incurre en una situación preocupante para la salud de la Nación”, dijo el magistrado.
Dijo además que los fallos son el producto de un esfuerzo del conocimiento a través de los procesos judiciales y un esfuerzo de la razón a través de las motivaciones en la aplicación de las normas jurídicas y del derecho, y cuando se desconoce esto es imposible para los ciudadanos tener certeza a cerca de los mínimos de verdad que son indispensables para que los Estados de derecho funcionen.
Explicó que otra circunstancia que hace parte de la problemática toca con la armonía necesaria entre los poderes.
“No creo que ningún juez de la República se atreva a cuestionar siquiera de la competencia de los otros poderes, a criticar a los congresistas porque sacan una u otra Ley, a criticar al Ejecutivo por sacar una directiva Presidencial; no nos es dado hacerlo”, dijo Gustavo Gómez.
Finalmente dijo que no están defendiendo a los jueces gremialmente, ya que no hacen parte de ningún sindicato, sino que se trata de proponerle y plantearle a la opinión pública una composición de valores sin los cuales no es posible un Estado de derecho o una sociedad civilizada.
JUDICATURA Y AGREMIACIONES RECHAZAN CRÍTICAS DEL PRESIDENTE CONTRA FALLO DEL PALACIO DE JUSTICIA
Cerca de 13 organizaciones de justicia, además de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de la Administrativa salieron en defensa de los fallos judiciales y mostraron su desacuerdo a las críticas del presidente Juan Manuel Santos a la determinación del Tribunal de Bogotá que condenó al coronel (r) Alfonso Plazas Vega.
El presidente de la Sala Administrativa, Néstor Raúl Correa, rechazó las críticas que el presidente Juan Manuel Santos formuló contra el fallo.
El magistrado señaló que se trata de una sentencia de un tribunal de la República, que debe ser acatada sin reparos.
Los jueces, agregó, no pretenden ofender a nadie sino que aspiran a administrar justicia.
Por su parte, la representante del Observatorio de Justicia, María del Pilar Arango, dijo que el presidente rompió su promesa de no interferir ante los fallos judiciales.
“Interfiere de una manera muy grave porque pone en riesgo probablemente la integridad y la vida de los magistrados que dictaron dicho fallo”, dijo Arango.
De igual manera se pronunció el presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, quien dijo que no quiere polemizar con el presidente de la República pero advirtió que los fallos judiciales son para acatarlos, pues la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia.